martes, 10 de mayo de 2016

Fiscalía de Santiago cierra night club Casa Blanca donde encontró 47 millones de pesos 40 venezolanas y cinco colombianas ejerciendo la prostitución

Santiago. La Fiscalía de esta ciudad dispuso este lunes el cierre del centro nocturno Casa Blanca, donde el pasado viernes fueron incautados seis vehículos de lujo, RD$14 millones y 900 mil dólares.La fiscal titular de Santiago Luisa Liranzo, procedió a colocar el letrero de clausura en la entrada del night club ubicado en la carretera Santiago-Licey, mediante la orden judicial 3318-2016.
En el operativo del pasado viernes
fueron rescatadas del centro de diversión 40 venezolanas y cinco colombianas, que al parecer les eran retenidos sus documentos.
Por el caso guardan prisión Juan Antonio Fernández, el actual propietario; el venezolano Jolvert José Ramírez y Grismelda Acarilis Merejo, a quienes una jueza les impuso el pasado domingo una medida de coerción consistente en 18 meses de prisión preventiva.

Las acusaciones por trata al night club Casa Blanca vienen desde el año 2006, cuando fue condenado por proxenetismo el entonces propietario del establecimiento.

La fiscal titular del distrito judicial de Santiago, Luisa Liranzo, recordó que hace diez años, el negocio ubicado en la carretera Santiago-Licey fue sometido y su entonces propietario José Fernández condenado por proxeneta. José Fernández, es hermano de Juan Antonio Fernández, el actual propietario y a quien junto al venezolano Jolvert José Ramírez y Grismelda Acarilis Merejo, una jueza le impuso una medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva.
Entre las armas de guerra que le incautaron están las pistolas de procedencia israelí Five Seven y la Desert Eagle calibre 50, capaz de atravesar chaleco anti bala. Liranzo, dijo que ayer fue autorizada “al secuestro de Casa Blanca”, además de los seis vehículos de lujo incautados en el operativo del pasado viernes, y de 14 millones de pesos más 900 mil dólares, equivalentes a 47 millones de pesos. En los cinco allanamientos practicados participaron nueve fiscales, cinco abogados asistentes y representantes de la Unidad de Investigación de Delito y Trata de la Procuraduría. 

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